03/04/2018
El proceso presupuestario comienza con el presupuesto que envía el Poder Ejecutivo al Congreso, donde se expresa el plan de acción del Gobierno. El Congreso aprueba el presupuesto, que es un hecho preventivo, es decir, ocurre antes de que desarrollen los hechos, y después el Poder Ejecutivo lleva adelante su plan, lo ejecuta y, posteriormente, rinde cuentas. Esta rendición de cuentas, en la Constitución Argentina se llama Cuenta de Inversión. Cuando el Parlamento aprueba la Cuenta de Inversión termina el ciclo presupuestario.
 
La Cuenta de Inversión es un informe detallado de toda la gestión del Gobierno, cómo recaudó, cómo gastó la plata, qué obras hizo, cómo se endeudó, qué deuda pagó, de forma tal que puede evaluarse la gestión.
 
Generalmente, una Cuenta de Inversión se divide en dos partes: una es la ejecución presupuestaria y la otra es el patrimonio y las metas físicas (por ejemplo, cuántos kilómetros de caminos se hicieron) y luego esto se compara con lo que se presentó en el presupuesto.
 
La Auditoría General de la Nación analiza que todos los datos que están en la Cuenta sean ciertos y entrega un informe al Congreso Nacional para que dictamine si el presupuesto acordado se ejecutó como estaba previsto, y si hubo desviaciones o irregularidades.
 
El proceso presupuestario culmina cuando el Congreso aprueba o rechaza la Cuenta de Inversión.
 
La AGN se encuentra abocada a que los trabajos de auditoría sean más cortos y que puedan entrar en el ciclo de la Cuenta de Inversión que se está analizando. Porque de lo contrario los hallazgos que se hagan sobre una rendición de cuentas que ya se encuentra aprobada serían irrelevantes.
 
Eso no quita que se pueda ir a la Justicia por alguna desviación o mal desempeño en la ejecución del presupuesto, razón por la cual la Cuenta de Inversión trae dos artículos: uno que habla de la aprobación de la Cuenta y otro que dice que los funcionarios individualmente no están eximidos.
 
Por eso, que el Congreso rechace una Cuenta de Inversión podría ser causa para llevar a juicio político al presidente de la República.