El sistema portuario argentino ha sido modificado a partir de 1990, cuando la Ley de Reforma del Estado, el Decreto 817/92 de desregulación portuaria y la Ley de Actividades Portuarias 24.093, presentaron el marco normativo por el cual se transfiere a las provincias la administración de los puertos que se encuentran en sus territorios, eliminando así la tarifa regulada por el Estado.

En este nuevo marco el organismo que cumple la función de Autoridad Portuaria Nacional es la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, de la cual depende la Dirección Nacional de Puertos.  Una de sus acciones principales es la de intervenir en el control de los procedimientos de habilitación de puertos, fiscalizar sus actividades operativas y aplicar el régimen disciplinario establecido.

Durante las tareas de auditoría, que se desarrollaron entre enero 2009 y octubre de 2014, se identificaron 116 puertos operativos sin contar con la debida habilitación, que el 63,8% de los puertos inspeccionados que requieren autorización de amarre no poseen dicho permiso vigente, que las inspecciones se realizan con poca frecuencia, lo que deriva en un control ineficiente y en que el organismo no aplique las sanciones correspondientes. También se observó la falta de implementación de redes informáticas para el intercambio de datos entre puertos y otros organismos, así como también la falta de manuales de Procedimiento de Control Interno.

Por último, pero no menos importante, se descubrió que el Registro Nacional de Puertos no incluye en su nómina al 82% del universo de puertos y que los puertos de Tránsito Vecinal Fronterizo cuentan con escasa seguridad

La Auditoría General de la Nación recomienda regularizar estas condiciones y ejercer un continuo y eficiente control sobre los puertos.
 
09/08/2017