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EL CONTROL DE LA HACIENDA REAL EN EL DERECHO INDIANO
Durante el período colonial, las características geográficas del Nuevo Mundo y las particularidades de la empresa colonizadora impidieron que se trasplantara íntegramente el derecho castellano a estos territorios. La corona española tuvo que dictar normas especiales, a las que se conoce bajo la común denominación de Derecho Indiano.
En 1570, Felipe II ordenó al Consejo de Indias la recopilación de toda la normativa vigente, engorrosa tarea que sólo tras numerosos intentos y complicaciones pudo ser culminada en 1680 bajo el reinado de Carlos II. La famosa Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias constaba de nueve libros, el octavo de los cuales era el relativo al régimen de hacienda.
Para el control de la hacienda real en los territorios coloniales, la corona de España se valió de instituciones como el juicio de residencia, las visitas y la rendición de cuentas.
El juicio de residencia consistía en examinar las cuentas de los actos cumplidos por un funcionario público al concluir el desempeño de su cargo. Se intentaba conocer tanto lo malo como lo bueno de la gestión, ya que no sólo se buscaba hacer efectiva la responsabilidad del agente sino también premiar al buen gobernante. Mientras se realizaba el juicio, el funcionario saliente no podía cambiar su lugar de residencia, de allí el nombre de esta institución.
En cuanto a la visita, el juez podía iniciar sus actuaciones antes de publicar los edictos y en cualquier momento de una gestión. Los funcionarios visitados permanecían en sus puestos, a diferencia de los residenciados, que debían hacer abandono de ellos durante el juicio.
La rendición de cuentas de las cajas reales se vinculaba a la gestión del Oficial Real, por cuyas manos pasaban crecidas sumas. Estos funcionarios tenían a su cargo la recaudación de los recursos de la corona y eran designados directamente por el Rey. Al principio, había cuatro en cada ciudad importante: un tesorero, un contador, un factor y un veedor; con el tiempo, estos dos últimos cargos fueron desapareciendo.
Hasta el siglo XVIII, los Oficiales Reales gozaron de una relativa independencia en su función, debido a que la corona solía mantener lo contable separado de lo político y de lo militar. Custodiaban la denominada “caja real”, donde se depositaba la recaudación; y debían registrar cuidadosamente los ingresos y también los pagos autorizados que habían efectuado. Las cuentas así confeccionadas eran sometidas al control de las autoridades superiores.
El Consejo de Indias fiscalizaba la actuación de los Oficiales Reales y velaba por el desarrollo y fomento de la hacienda real. Por Real Provisión del 4 de julio de 1543, los Oficiales estaban obligados a enviar a la Contaduría del Consejo de Indias un “tiento de cuenta” –es decir, un resumen de lo recibido y lo gastado– al final de cada año, y una cuenta completa cada tres años. Asimismo, por Real Cédula de 1554, se creó un sistema de contralor adicional sobre las cuentas de las Cajas Reales a cargo de la audiencia local.
Sin embargo, muchos oficiales no respondieron a la confianza que la naturaleza de su función implicaba, promoviendo y originando grandes desfalcos y escándalos administrativos que afectaron pecuniariamente al tesoro real y desacreditaron al sistema. Como respuesta institucional, en 1605, durante el reinado de Felipe III, se promulgaron las ordenanzas de Burgos en virtud de las cuales se creaban los tres primeros Tribunales de Cuentas (constituidos por tres contadores cada uno) en las ciudades de Méjico de la Nueva España, Ciudad de los Reyes del Perú y Santa Fe del Nuevo Reino de Granada. Asimismo, la provincia de Venezuela y la Isla de Cuba debían nombrar Contadores que se entenderían directamente con el Consejo de Indias.
La ardua labor de los Tribunales de Cuentas consistía sobre todo en tomar y dar finiquito a las cuentas de los Oficiales Reales; entendían también en el cobro de los endémicos retrasos de pagos de deudas fiscales e inventariaban anualmente las cajas reales.
En el Río de la Plata, mientras las Cajas provinciales fueron de escasa significación económica, no hubo Tribunal de Cuentas. Pero a mediados del siglo XVIII, Buenos Aires comenzó a experimentar un período comercial sin precedentes y, en 1767, Carlos III tomó debida nota de la nueva realidad. Tras consultar al Consejo de Indias, creó la Contaduría y Tribunal Mayor de Cuentas de Buenos Aires, que, abarcando las provincias del Río de la Plata, Paraguay y Tucumán, reorganizó el funcionamiento de todas las subtesorerías existentes en las provincias, hasta ese entonces deficientemente controladas por el tribunal de Lima..