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NOTA DE ELEVACIÓN DE LA MEMORIA 2006 La Auditoría General de la Nación remite al Honorable Congreso de la Nación la Memoria 2006, que contiene los resultados de las auditorías realizadas, las conclusiones de los estudios especiales y el seguimiento de aspectos significativos de la Memoria 2005, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de las Normas Básicas del organismo. En mi condición de Presidente de la AGN he considerado oportuno ofrecer un panorama general de su contenido, poniendo a disposición de los legisladores algunos elementos para el debate en el propio recinto y fuera de él y, al mismo tiempo, facilitar la comprensión de la ciudadanía sobre la labor que desarrolla la institución. Las líneas que siguen constituyen una reflexión sobre la importancia del control y los renovados desafíos que afronta y un resumen de las actividades más relevantes desplegadas en un año de intenso trabajo. La parte inicial de la Memoria reseña el plexo normativo que encuadra el accionar legal de la Institución creada por la Ley Nº 24.156 (1992) que cambió, a partir de 1993, el modelo de control técnico legal administrativo por el de legalidad, gestión y auditoria y situó a la AGN en el ámbito del Poder Legislativo. Más tarde, en 1994, la Constitución Nacional (CN) le confirió rango constitucional y le otorgó atribuciones y facultades propias, poniendo bajo su órbita el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, cualquiera que fuera su modalidad de organización; reiteró que debe intervenir necesariamente en el trámite de aprobación y rechazo de las Cuentas de Percepción e Inversión de los Fondos Públicos. La reforma constitucional de 1994 le confirió autonomía funcional, que lleva implícita la autonomía financiera y administrativa. El rango establecido en el artículo 85 de la CN conlleva otros elementos que hacen a su independencia y a su proyección social, como es depositar en manos de la oposición la presidencia del organismo. Este artículo prescribe que el Presidente de la AGN “será designado a propuesta del partido de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”, consagrando el principio de “control por oposición”, fundado en la idea de que el control externo sólo es eficaz si lo lleva adelante quien representa un interés distinto al del controlado. Para receptar estos principios consagrados por el constituyente, el artículo 85 de la CN prevé la sanción de una ley especial que reglamente la creación y funcionamiento de la AGN, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Esta es, indudablemente, una deuda pendiente del Congreso de la Nación. De hecho, hay numerosos proyectos de ley al respecto, aunque algunos se limitan a plantear modificaciones parciales a la ley 24156 (de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional). Sin embargo, entendemos que el camino jurídico más adecuado para dar cumplimiento al mandato constitucional es la sanción de una ley que reglamente específicamente el funcionamiento del organismo, ya que la reforma constitucional ha otorgado al control externo una elevada jerarquía y a la AGN le reconoce competencias propias y la autonomía funcional necesaria para cumplir sus objetivos, como las que caracterizan a las Entidades de Fiscalización Superiores (EFS) según las normas internacionales aprobadas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Así, la sanción de una norma reglamentaria integral será una ocasión propicia para abrir un amplio debate sobre la importancia del control externo en el marco de las responsabilidades del Estado, sus implicancias políticas y la experiencia adquirida en los casi quince años de funcionamiento del organismo. En síntesis, entre los principales objetivos de la nueva norma se habrá de tener en cuenta la necesidad de: RESULTADOS GENERALES Total de informes Oportunidad Denuncias y colaboraciones con la Justicia En 27 casos se remitieron informes de Auditoría a pedido de los organismos: 2 a la Oficina Anticorrupción, 8 a la Fiscalía de Investigaciones Administrativa y 17 a diversos Juzgados y Fiscalías. Departamento de Prensa y Comunicación (DPyC) El departamento tiene a su cargo la actualización constante de la página Web del organismo, incorporando Resoluciones e Informes de auditoría aprobados por el Colegio de Auditores Generales, una vez comunicados a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (CPMRC). Con el objeto de transparentar aun más la labor de la AGN, se incorporó a la página Web la normativa interna: las Normas Básicas, el Régimen de Incompatibilidades, el Registro de Auditores y Consultores Externos, las Declaraciones Juradas Patrimoniales y el Reglamento de Contrataciones, entre las más importantes; los llamados a licitaciones y las contrataciones llevadas a cabo durante 2006 y el Presupuesto ejecutado de 2005. Se prevé continuar avanzando en este sentido, en cumplimiento del principio republicano de la publicidad de los actos de la administración. El DPyC elabora material de difusión sobre los informes de la AGN que envía a legisladores, al ámbito académico, a Organizaciones de la Sociedad Civil y a los medios de comunicación. Actualmente, se está trabajando en una recopilación de auditorías de gestión ambiental en organismos gubernamentales en el período 2000-2006; también se ha editado en formato virtual una reseña de las actividades de la AGN durante 2005. Este material recoge la repercusión de los informes de auditoría en la prensa escrita durante 2005 y tiene como objetivo facilitar la difusión de la gestión AGN entre lectores no técnicos y establecer un acercamiento con el ciudadano, instituciones profesionales y educativas. Presencia de la AGN en los medios de comunicación LOS INFORMES DE AUDITORÍA A) ACTIVIDAD REGULATORIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS En 2006 se aprobaron informes de auditoría de gestión relacionadas con: OCCOVI, ETOSS, CNRT, ENARGAS, Secretaría de Transporte, Ministerio de Defensa, CNC, ENRE, entre otros. Se auditaron áreas que actúan en el ámbito de los servicios públicos, como la Secretaría de Transporte de la Nación, la Secretaría de Comunicaciones, el Ministerio de Defensa en relación con el proceso de privatización de Altos Hornos Zapla, y la Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco del otorgamiento de subsidios otorgados por el Estado Nacional a los Entes Reguladores y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos en 2004. Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), adjudicación por el sistema de concesión por peaje (Decreto Nº 425/03) 1. La liquidación final de las concesiones viales ha estado paralizada, al punto que a la fecha del informe aún se encontraba pendiente, habiéndose incumplido el plazo fijado por el Pliego de Condiciones Generales (PGG). Además, no se había determinado a esa fecha cuál era la autoridad competente para efectuar la liquidación final (Res.AGN 54/2006). 2. Con respecto a la intervención realizada en el proceso de relicitación de los corredores viales por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), la metodología utilizada para el cálculo de saldos de los contratos de concesión se apartó de las pautas contractuales, originando errores sustanciales que invalidan los resultados y el cálculo no demuestra el eventual perjuicio de la emergencia que diera origen a la competencia de la UNIREN. Por ejemplo, la información que le sirvió de sustento para arribar a los saldos de los contratos cuyas concesiones se extinguieron en octubre de 2003 no pudo ser validada técnicamente por la AGN. (Res.AGN 83/2006) 3. La Comisión de Concesiones de los corredores viales reconoció indebidamente competencia al Representante Alterno del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) ante la UNIREN para pronunciarse respecto de la situación que revestían determinados concesionarios, y aceptó por válido lo manifestado por el Representante Alterno del MPFIPyS ante la UNIREN sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales de algunos concesionarios viales. Este procedimiento fue realizado sin solicitar aclaraciones sobre los fundamentos de las conclusiones arribadas, no obstante las diferencias significativas con lo sostenido por el OCCOVI. (Res.AGN 83/2006) Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) Acerca de la concesión de Metrovías se reiteraron las recomendaciones realizadas oportunamente por esta Auditoría a la CNRT, en tanto el ente no toma debida cuenta, ni promueve –en ningún caso- las acciones correctivas necesarias a fin de subsanar las deficiencias detectadas. Los controles efectuados por la CNRT para determinar el cumplimiento de los servicios brindados por Metrovías S.A., son irrelevantes en cantidad respecto del universo a controlar; son discrecionales por la segmentación horaria en que se realizan, y no cubren la totalidad de las franjas horarias ni los días en los que se prestan. Se advirtieron deficiencias en la presentación del Material Rodante afectado al servicio, con respecto a la conservación y a la limpieza. La Empresa no adopta medidas para subsanar las deficiencias constatadas por la CNRT. El transporte automotor de pasajeros llamado “de oferta libre” resulta significativo por cuanto brinda un servicio complementario al sistema de trenes y colectivos regulares, básicamente en lo relativo al acceso y egreso a la ciudad de Buenos Aires desde y hacia el conurbano. Se comprobó que la mayor parte de los servicios que se prestan en la región metropolitana están siendo llevados a cabo por operadores habilitados para servicios de turismo, lo que no concuerda con la naturaleza de la operatoria. El modo de intervención de la CNRT ha derivado en un incremento del grado de precarización y clandestinidad del sector prestatario de este tipo de servicios. Se efectúan recomendaciones análogas a las del informe de auditoría aprobado por Res. AGN 61/2002, lo que refleja un bajo grado de receptividad de la CNRT a las recomendaciones de la AGN. Asimismo, se destacó la falta de pago del canon por parte de All Central S.A., abandono de la infraestructura, estaciones, galpones y demás dependencias, muchas de las cuales han sido totalmente depredadas, por la falta de presencia y vigilancia del Concesionario. Los descarrilamientos ocurridos en el corredor, por causa del estado deficitario de la infraestructura de vía, superan el promedio de la red de carga concesionada. Estas circunstancias -entre otras- permiten colegir que, producto de los significativos apartamientos a sus obligaciones, All Central S.A. reúne varias causales de rescisión del Contrato. Secretaría de Transporte: El objeto de algunos de los sistemas analizados está definido de manera imprecisa, lo cual permite la imputación de variados conceptos con cargo a los fondos del Fideicomiso. Esto dificulta un adecuado control de gestión de su aplicación, con relación a los objetivos propuestos. Se recomendó dar curso, en la medida en que corresponda, a los procedimientos de asignación de responsabilidades, e iniciar acciones en caso de detectarse perjuicio patrimonial del Estado. El informe aprobado fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes, y del Juzgado Criminal y Correccional Federal interviniente en las investigaciones judiciales relacionadas. Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) Por otra parte, sobre el final de 2006 se encontraba, con un importante grado de avance, un estudio especial con el objetivo de abordar el mercado del Gas Natural en el período 1993-2006. Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) En el informe se observa que la CNC no llevaba un control específico y pormenorizado respecto de: el inicio de la actividad de los licenciatarios, el momento en que abonan sus obligaciones arancelarias y el modo en que brindan el servicio. No se contaba con información suficiente y actualizada para conocer el grado de satisfacción de los usuarios y el cumplimiento de los compromisos asumidos al solicitar la licencia. Los incumplimientos verificados afectan los niveles de calidad del servicio. La CNC no ha constatado si las inversiones comprometidas (conforme a los requisitos establecidos en el inciso d) del apartado 9.2 del artículo 9 del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones aprobado por decreto Nº 764/00) han sido realizadas y si son acordes o resultan insuficientes en proporción a los servicios asumidos. En las otras auditorías se detectaron deficiencias en el control del servicio de telefonía celular (22,5 millones de líneas a diciembre de 2005), y también de la telefonía básica, pero no se hallaron evidencias de que la CNC haya procedido a verificar y sancionar las faltas de las concesionarias denunciadas por los usuarios. Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) En cuanto a la calidad del servicio técnico, se observaron significativas demoras en el proceso de control. En todos los casos, pasaron más de 235 días entre el cierre de cada semestre y la emisión de la resolución de la orden de cálculo, y 847 días entre el cierre de cada semestre y la respectiva resolución sancionatoria. Casi todas las multas definitivas estaban impagas, habiéndose suspendido la exigibilidad del concesionario como consecuencia de la Ley de Emergencia Económica Nº 25.561 (aunque el art. 6° de la Res. M.E. Nº 308/02 impedía esa suspensión). Del mismo modo, a partir del 9° semestre de control de la Etapa 2, no se registran devoluciones a los usuarios en concepto de bonificaciones por energía no suministrada. (Res AGN 181/2006) Las excesivas demoras con que el ENRE ha resuelto los incumplimientos y posibles sanciones en los servicios de Transporte y de Distribución de Energía Eléctrica durante el período 2002 a 2004 permitieron que se incluyeran en la renegociación incumplimientos anteriores a la emergencia económica. La AGN verificó sanciones con destino a bonificaciones a usuarios por un total de $ 31.888.292,85.-, pero el ENRE no había iniciado acciones judiciales orientadas a exigir su cumplimiento. Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio de Defensa B) AUDITORÍAS AMBIENTALES Durante 2006 se aprobaron 10 informes de auditoría de gestión ambiental. Además de la auditoría de la Cuenca Matanza-Riachuelo -que resultó significativa en relación con las políticas del área-, también son importantes las auditorías sobre contaminación hídrica industrial en el área metropolitana, y la de control de las plantas potabilizadoras de la zona asignada a la empresa Aguas Argentinas S.A., posteriormente AySA . La auditoría sobre la gestión ambiental del Comité Ejecutor Matanza- Riachuelo (CEMR), aprobada a principios de 2006 (Res.AGN 52/2006), tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, y fue uno de los elementos que contribuyó a instalar la cuestión ambiental del Riachuelo en la agenda pública. El informe destaca que el Comité Ejecutor no funcionó como una Autoridad de Cuenca y que el Plan de Gestión Ambiental (PGA), no constituyó un plan de gestión propiamente dicho. Paralelamente, señala que el crédito otorgado por el BID tuvo una muy baja y deficiente ejecución, y que las obras fueron mínimas y poco efectivas. El informe advierte textualmente: “de producirse una contingencia ambiental, nos encontraríamos ante una catástrofe sanitaria”, debido a la contaminación de las aguas superficiales, suelos y aguas subterráneas, y a las condiciones ambientales negativas en las que vive la población de la cuenca. También alerta respecto a la vulnerabilidad de la toma de agua de General Belgrano, situada entre el emisario Berazategui y la desembocadura del Río de La Plata. Respecto al control ambiental de las plantas potabilizadoras de San Martín, General Belgrano y Luján, (Res.AGN 55/2006) se informa que éstas son “establecimientos especiales”, según la definición contemplada en el Decreto Nº 674/89, que estable que se le debe dar un tratamiento acorde. Sin embargo, los vertidos residuales del proceso de potabilización que evacuan a las aguas sin tratamiento, superan los valores de contaminación previstos en las normas nacionales y las de la provincia de Buenos Aires, por lo cual debería contemplarse la obligatoriedad del tratamiento de tales vertidos. Teniendo en cuenta el pedido realizado oportunamente por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales receptado en el Plan Anual aprobado por la CPMRC, se auditó la gestión ambiental de la Comisión Nacional de Comunicaciones con relación al control de la instalación de las antenas de telefonía celular en las zonas urbanas densamente pobladas en el territorio nacional y los posibles efectos de las radiaciones sobre la salud de la población. Como resultado, se recomienda diseñar un control sistemático de las emisiones producidas por las antenas. Se efectuó el seguimiento de un examen aprobado por la Resolución AGN 13/2000, referida a Residuos Peligrosos, correspondiente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable-Unidad de Residuos Peligrosos. Se verificó que, de las 5 observaciones de seguimiento, no se habían subsanado 3 de ellas y sí, parcialmente, 2. Además, sólo el 7,4 % de los inscriptos tiene el Certificado Ambiental Anual (CAA) que acredita en forma exclusiva la aprobación para manipulación, transporte, tratamiento y disposición de los residuos peligrosos. Asimismo, se verificó que no existen convenios con otros organismos para inspección y control, ni se cuenta con registro de reincidentes. (Res.AGN 88/2006) Otra auditoría de seguimiento de recomendaciones -cuyo informe se aprobó por Resolución AGN 88/2006, tuvo por objeto la Unidad Ejecutora Plan Nacional Manejo del Fuego en cuanto a la regularización de las recomendaciones contenidas en el informe aprobado por la Resolución AGN 81/2001. Respecto a las 14 observaciones motivo del seguimiento, se verificó que se han regularizado 8; parcialmente regularizadas 4, y no regularizadas 2. A lo largo de los años se observan escasos avances en la conformación de los planes operativos regionales, con excepción de la región andino-patagónica. C) CUENTA DE INVERSIÓN Se trata de una tarea fundamental en una república, pues mientras la ejecución del presupuesto corresponde al Poder Ejecutivo, el Congreso debe estar en condiciones de realizar el control de cómo se gastan los recursos. Precisamente en apoyo de esta competencia del Legislativo –de alto contenido técnico- el constituyente incorpora la intervención necesaria de la AGN. Como reconoce la doctrina especializada, la función de control sobre la CI ha sido históricamente desatendida. La AGN ha realizado, en los últimos años, un notorio esfuerzo para revertir esta situación. Como resultado de este impulso, durante 2006 auditó y aprobó los dictámenes correspondientes a las CI de los ejercicios 2003 y 2004. Para agosto de 2007, está planificado concluir los trabajos correspondientes al ejercicio 2005 e iniciar de inmediato las tareas para el ejercicio 2006. De esta forma, en 2008 la AGN estaría en condiciones de abocarse al examen de la CI del presente ejercicio, actualizando un mecanismo de control durante largo tiempo postergado. En efecto, en 2002 el retraso que registraba el Congreso era enorme, puesto que desde 1994 no se había aprobado ninguna CI, y la AGN sólo había auditado las CI 1994 a 1998, lo que significaba también un gran retraso por parte de la AGN. La puesta al día es el resultado de un esfuerzo mayúsculo de la AGN y de privilegiar la afectación de recursos humanos a ese fin. La aprobación en un mismo año de dos informes sobre CI no es inédita, pues en 2003 se informó sobre las Cuentas de 1999 y 2000. Este esfuerzo de la organización para emitir 6 informes de Cuenta de Inversión en cuatro años ha permitido recuperar un atraso histórico que afectaba a todo el sistema de administración financiera gubernamental desde la vigencia de la Ley Nº 24.156. El informe de la AGN sobre la Cuenta de Inversión 2004 fue emitido antes de que transcurrieran dos años de la fecha de finalización del período, una situación inédita en la historia de la Auditoría General de la Nación, que en promedio los venía emitiendo dos años y ocho meses después de vencido el período. D) DEUDA PÚBLICA Como en años anteriores, se realizaron auditorías financieras de programas del Gobierno financiados por organismos multilaterales de crédito, a partir de convenios con el BID, BIRF, FIDA, FONPLATA Y CAF; adicionalmente, se efectuaron auditorías a proyectos financiados por el PNUD. El gran número de proyectos auditados implica un importante volumen de tareas de auditoría que deben ser realizadas teniendo en consideración las fechas de vencimiento de los organismos multilaterales de créditos; a saber, BID Y PNUD el 30 de abril y el resto el 30 de junio. En el ejercicio 2006 la AGN pudo cumplir satisfactoriamente dichos plazos. Durante 2006 la Gerencia de Deuda Pública (GDP) concluyó 107 informes de auditoría, superando holgadamente (en un 29 %) los 83 informes de 2005 y (en un 7%) los 100 de 2004 (7 %). En cuanto al control de los fondos federales transferidos a las provincias, se abordó el examen de los planes sociales tradicionales (FONAVI, Materno- Infantil, PROSONU, etc.) en el ámbito de varias provincias, aprobando las auditorías sobre Formosa, Misiones, San Luis, Catamarca, Chaco, Corrientes, Santa Cruz y Buenos Aires. Los informes señalan, en general, que la composición calórica de los menús elaborados para los comedores escolares no alcanza a cubrir el estándar previsto, y que los diversos programas, provenientes de distintos organismos, no están debidamente articulados. Además, se han incumplido los plazos de ejecución previstos en el cronograma original, entre otras irregularidades. Por último merece mencionarse que la participación de la AGN ha permitido que las organizaciones auditadas mejoren el nivel de eficacia y eficiencia de su accionar, identificando problemas en el sistema de pagos a beneficiarios y en la ejecución del componente de materiales del programa Jefes del Hogar, en virtud del convenio celebrado entre la AGN y el Ministerio de Trabajo, mediante la emisión de informes para que la Unidad de Ejecución del Programa (UEP) realice las correcciones necesarias También se realizaron auditorías de la Deuda Pública al 31 de diciembre de 2004 y de 2005, que son incorporadas en los respectivos informes de la Cuenta de Inversión Anual. Son de especial interés para la ciudadanía los informes referidos a los Indicadores de Vulnerabilidad Externa y Fiscal, producto del análisis del Balance de Pagos, y un estudio especial sobre la Administración de Pasivos del Estado referido al Canje de 2005 de la Deuda en Default con proyecciones de sus posibles efectos hasta el 2040. E) AUDITORÍAS INFORMÁTICAS En materia informática se han aprobado auditorías de gran valor estratégico, dada la importancia de los organismos auditados y el impacto de su labor sobre la sociedad. En el caso del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el trabajo de la AGN ha detectado un bajo nivel de madurez de su tecnología informática. Se ha aprobado un informe sobre la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas, órgano facultado para coordinar las políticas del sector en el ámbito público. Particularmente, se han recomendado a la Oficina que fije objetivos estratégicos cuantificables para la actividad. F) PLANIFICACIÓN La Auditoría elabora sus planes anuales tomando en cuenta la experiencia acumulada, los requerimientos del Congreso y los aportes de la sociedad civil. Durante 2006, la CPMRC formuló 9 pedidos solicitando la incorporación de diversos proyectos de auditorías en los planes anuales del organismo. La mayoría de los pedidos pudieron ser incorporados en el ejercicio 2006 o para 2007. Sin embargo, las planificaciones anuales se realizan teniendo en cuenta los recursos asignados, de modo que la incorporación de auditorías no previstas requiere postergar otros trabajos, o su baja. Sería deseable que, junto con los pedidos de incorporación de nuevas auditorías, se pudiera asignar a la AGN herramientas para contar con los recursos necesarios sin afectar su independencia técnica y su autonomía funcional. G) SECTOR NO FINANCIERO Auditorías de Estados Contables y Financieros Auditorías de gestión En 2004, en la Unidad de Gestión Local de la Ciudad de Buenos Aires (UGL VI) el régimen de penalidades prácticamente dejó de aplicarse por carecerse de recursos humanos suficientes para atender la sustanciación de las causas. Registro Nacional de las Personas Gendarmería Nacional Las adquisiciones informáticas y de telecomunicaciones constituyen el rubro más significativo de las contrataciones de Gendarmería, pero no han sido incluidas en los respectivos planes anuales de contrataciones. El informe recomienda efectuar una investigación preliminar a fin de determinar si en el procedimiento de contratación de la empresa que presta asistencia técnica en la administración del Registro Único de Transporte Automotor (RUTA) han existido irregularidades y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes. (Res.AGN 30/2006) Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Se detectaron debilidades en la organización: carecía de una planificación específica; las metas físicas no estaban suficientemente definidas y sus registros presentaban inconsistencias; no había un mapa de situación de infraestructura y equipamiento para todo el país; no se cumplían los porcentajes de distribución de los recursos a ser transferidos, entre otros señalamientos. (Res.AGN 110/06) Instituciones Educativas de Nivel Terciario Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas Se han detectado contrataciones sustentadas en razones de urgencia, que no están justificadas, que no cuentan con una estimación previa del valor de los insumos, y que revelan limitaciones “a priori” para la elección del contratista, falta de garantías de adjudicación e incumplimientos en la publicación de ley. El informe concluye recomendando instruir sumario a los efectos de deslindar las responsabilidades emergentes de la tramitación y ejecución de la Licitación Pública Nº 1/03 y sus respectivas prórrogas. CONSIDERACIONES FINALES El artículo 85 de la CN le reconoce a la AGN autonomía funcional, rango constitucional y le confiere atribuciones propias cuando señala “que tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la Administración Pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y demás funciones que la ley le otorgue”. Además, establece que la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración Pública, estará sustentada en los dictámenes de la AGN, siendo así un referente indispensable para la formación de una opinión objetiva e imparcial de dicho desempeño. Durante 2006 la AGN ha extremado sus esfuerzos para cumplir dicho mandato constitucional, lo que se expresa en un mayor número de informes que en años anteriores; lo que implica un mayor volumen de información a disposición del Congreso, la ciudadanía, las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes de auditoría no sólo crecieron en cuanto a su número, sino también en cuanto a su valoración para la toma de decisiones, para las discusiones sobre políticas públicas, y para la instalación de otros temas en debate. En efecto, diversos informes de la AGN han sido tomados como antecedentes en cuestiones de trascendencia nacional, como por ejemplo: la contaminación hídrica, la decisión sobre no continuidad de contratos de concesión de servicios de infraestructura, otorgamiento de subsidios, etc. Para profundizar este rumbo, el Colegio de Auditores Generales ha decidido para 2007 adoptar medidas a efecto de que los períodos auditados sean lo más actuales posible. Continuaron los avances en materia de publicidad y difusión de las tareas del organismo, ampliando modalidades que ya forman parte de la identidad de la AGN como la publicación de los informes en la página Web, y otras complementarias. En síntesis, el crecimiento cuantitativo de informes emitidos, la disminución de la brecha de Cuentas de Inversión informadas al Congreso, la incorporación de recursos humanos a la planta permanente, el mayor impacto de los informes de auditoría, los avances en difusión de las tareas del organismo, el desarrollo satisfactorio de la donación destinada al fortalecimiento institucional a través de la provisión de equipamiento informático y la respectiva capacitación, la consideración de los informes de la AGN en importantes decisiones vinculadas a cuestiones ambientales y de servicios públicos concesionados han sido los puntos salientes de 2006. En momentos de presentarse la Memoria 2006 ante el Congreso de la Nación, el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios (Res.222 de 25/04/07) ha comunicado a la AGN que se han aprobado las disposiciones legales necesarias para la finalización de la obra de refacción general, restauración e instalaciones en el histórico edificio de la AGN, situado en la Av. Rivadavia 1745, Ciudad de Buenos Aires, lo cual constituye un hecho auspicioso para el futuro de la Auditoría. Quedan por delante muchos desafíos, algunos nuevos y otros relacionados con la consolidación de los logros alcanzados hasta ahora. La incorporación de recursos humanos a la planta del organismo –tal como se hizo en 2006- sigue siendo una necesidad para poder planificar con mayor previsión las labores anuales, y para establecer políticas de capacitación y una carrera administrativa adecuadas a las necesidades de una entidad de fiscalización moderna. La lucha contra la corrupción, el efectivo goce de los Derechos Humanos, la protección mediante la seguridad jurídica y los mecanismos de asignación de responsabilidades del accionar estatal, de los entes públicos no estatales y de las personas privadas que ejercen funciones donde está comprometido el interés general, se convertirían en meras declamaciones ficticias si el Estado no contara con un sistema de control independiente y objetivo. A esta actividad de control se debe agregar la función –no menos importante- de fiscalizar la adecuada y eficiente gestión en el manejo de los recursos públicos en pos del logro de las metas últimas del Estado, que constituyen la razón misma de su existencia: el afianzamiento del bien común.
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