La Auditoría General de la Nación (AGN) elevó al Congreso un informe en el que denuncia una grave situación del sector pesquero. Entre otros aspectos, habla de una sobreexplotación que puede llevar al colapso a uno de los principales recursos naturales de la Argentina. También advierte sobre el descontrol en los recursos que invierte el Estado.

"La situación es alarmante y exige actuar con rapidez para asegurar la sustentabilidad del recurso, antes de que se consume un verdadero colapso ecológico", dijo el presidente del organismo de control, el radical Leandro Despouy. La pesca representa ingresos de unos 800 millones de dólares anuales por exportaciones.

El informe analiza la tarea realizada en cuanto a la regulación de la actividad pesquera entre marzo de 1998 y junio de 2001 y señala que la Dirección Nacional de Pesca y Agricultura no cumple las funciones que le corresponden en cuanto a regulación y control.

Entre los principales puntos que denuncia la Auditoría figura la "notoria ausencia de mecanismos adecuados o de inspección, control y sanción de las irregularidades". Se señala que el Area Sumarios de la Dirección Nacional de Pesca tiene 4 abogados, 4 administrativos y el jefe de área para dar curso a un total de 2.354 expedientes. Y se agrega que, como consecuencia, muchos sumarios fueron abiertos luego de más tres años de descubierta una supuesta irregularidad y que la resolución a veces demoró 8 años.

Tampoco existe un registro de reincidencias que permita administrar sanciones graduales, de conformidad a la gravedad del incumplimiento. También se llama la atención sobre las inspecciones que realizan a bordo. Se señala que la mayoría de los inspectores son aportados por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y que cobran 60 pesos por jornada de embarque, en viajes que suelen durar entre 20 y 25 días, en los cuales se pescan recursos por sumas muy importantes. Estos elementos conspirarían contra la independencia de los inspectores.

"A raíz de la falta de una fiscalización adecuada, el tonelaje real capturado generalmente es mayor al que efectivamente se declara, siendo sumamente difícil hacer una estimación aproximada de la carga excedente o carga no declarada", se señala en el dictamen.

En cuanto a la sobreexplotación del recurso, se apunta contra la Dirección Nacional de Pesca, por "la notoria insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el presente para evitar la sobreexplotación del recurso y permitir su recuperación".

El acento se pone sobre la situación de la merluza, que hacia fines de los años 80 era ampliamente dominante en cuanto a todas las especies pescadas. En esa época se acercaba a las 300 mil toneladas por año. De acuerdo al dictamen, aquella cifra fue duplicada en 1995 y 1997 y se produjo un colapso que derivó en la disminución del volumen de capturas autorizado. Sin embargo, el dictamen afirma que en 1999, cuando se permitió la pesca de 110 mil toneladas, la cifra fue superada en un 185 por ciento. Y que la tendencia a la sobrecaptura se ha mantenido también durante los dos años posteriores.

Existen "signos visibles de que nos encontramos por debajo del umbral biológico de la merluza, a partir del cual la reproducción de la especie se ve amenazada".

"Todo ello repercute negativamente en la actividad económica pesquera y en los sectores sociales vinculados a ella en nuestro país, como también en la preservación y conservación del medio ambiente", concluye el dictamen, que ahora deberá ser analizado por los legisladores.